Hacia una política nacional de datos abiertos en México

Este año se cumplen 10 años desde que México entró a la Alianza por el Gobierno Abierto y, por primera vez, se habló del concepto de datos abiertos como un complemento ágil y más técnico de la transparencia.

En este tiempo, los datos abiertos han fortalecido el tejido democrático en México. Gobiernos, personas, organizaciones, centros académicos, e incluso el sector privado, han contribuido al diálogo público en torno a problemas complejos: la desaparición forzada, con la publicación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) o la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su ley homónima, gracias al empuje sobre los datos de declaraciones 3de3. Más recientemente, han creado una sinergia para la respuesta rápida e informada en torno al combate a la pandemia gracias a la publicación de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

A 8 años de haber publicado la primera Estrategia Digital Nacional desde la Presidencia de la República, y a 6 de la promulgación de la Ley General de Transparencia que incluye la obligación de promover la apertura en datos, se publicó la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021–2024.

Era esta la oportunidad de recoger los aprendizajes que estos años han dejado, y lanzar una política nacional de datos abiertos que ampliara el alcance de ese primer ejercicio

En este contexto, Codeando México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y El Colegio de México (COLMEX) facilitaron una conversación entre personas activistas, investigadoras, periodistas, tecnólogas, servidoras públicas y empresarias para recoger sus aprendizajes y proponer una serie de recomendaciones con las cuales comenzar. Estas ideas ideas se sistematizaron en el documento Hacia Una Política de Datos Abiertos en México. (Versión contributiva)
El documento contiene un análisis del camino recorrido en el país en los últimos 8 años, además de una lista de recomendaciones detalladas, que a continuación resumimos. Queremos ir más allá de una agenda de transparencia y hacia una política de alcance nacional, que involucre a todas las instituciones y órdenes de gobierno del Estado, que:

Dote de atribuciones legales y provea directrices de implementación para entes ejecutivos, legislativos y judiciales en los tres niveles de gobierno, evitando que la política de datos abiertos dependa de la buena voluntad de cada encargada, y que habilite a los entes públicos para tener equipos dedicados y capacitados para la aplicación de dicha política. Es importante que la persona encargada de la política de datos abiertos, sea una persona distinta al enlace de transparencia, ya que éste requiere estar dedicado a la tarea de gestionar datos de manera proactiva y debe tener conocimientos técnicos y operativos de las bases de datos de su ente público.
Contenga lineamientos que guíen que la publicación se haga con calidad; esto es, al mayor nivel de desagregación posible, asegurando que cada base se publica en salvaguarda de los datos personales de la ciudadanía, y que utilicen un lenguaje común en términos geográficos y ontológicos. Por ejemplo, el uso de estándares de datos nacionales o internacionales, como el estándar de publicación de declaraciones de la Plataforma Digital Nacional, o el Open Data Fiscal Package para la publicación de datos presupuestarios, que permiten la interoperabilidad de la información entre todos los entes de la administración pública.
Incluya la publicación de un mínimo de bases sustantivas y relevantes y la sistematización de la estrategia de apertura; si bien la nueva estrategia contempla que anualmente se identificarán las bases de datos susceptibles de publicación a través del envío de oficios a los entes, esto sigue dejando a criterio de quien responde cuáles bases se publicarán. Es necesario tener un proceso sistemático que evite la discrecionalidad, y que mantenga cada estrategia de datos abiertos relevante a su propósito de mejorar políticas públicas, facilitar garantías de derechos, fortalecer las instituciones democráticas, potenciar la rendición de cuentas y que no se utilice de forma meramente ornamental. En este tenor, es necesario identificar desde el gobierno federal las bases que universalmente deberían ser públicas, de tal modo que exista un punto de partida mínimo para todos los entes públicos.

Esta conversación continúa abierta. Las personas que trabajamos en este documento seguiremos empujando por la creación de una Política Nacional -de Datos Abiertos.